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Potosí, 28 de abril de 2026 (AJAM).– La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su Dirección Departamental de Potosí, realizó una inspección en inmediaciones de la comunidad de Calamarca, donde se evidenció un crecimiento sostenido y descontrolado de actividades mineras ilegales en distintos puntos del sector.
La intervención permitió verificar en campo la existencia de una operación minera activa al interior de áreas mineras identificadas como GRAN PODER NC y SEÑOR DE SAN BARTOLOMÉ A, caracterizada por la presencia de numerosas bocaminas en funcionamiento, cuadros verticales, maquinaria pesada —entre ellas retroexcavadoras, tractores y volquetas—, así como compresoras, sistemas de extracción y campamentos instalados en la zona.
Uno de los aspectos más preocupantes identificados es la proximidad de estas actividades a la carretera Potosí–Tarija, donde a escasos metros se desarrollan trabajos en áreas libres, lo que configura una explotación completamente ilegal y con potencial riesgo para la seguridad de la población.
Durante el recorrido, la comisión técnico legal también constató que parte de estas actividades se realizan al interior de áreas mineras con derechos en trámite o con autorizaciones específicas, donde se estaría ejecutando explotación intensiva que no se ajusta a la naturaleza de dichos derechos, agravando el escenario de irregularidad.
La magnitud de la actividad, sumada a la presencia masiva de personas vinculadas a estas operaciones, evidencia una ocupación organizada y sostenida en el tiempo. Este contexto, se desarrolla en un entorno de alta conflictividad, lo que representa un riesgo permanente para cualquier acción de control en el área.
La intervención responde a denuncias formales, así como a reportes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, que advertían sobre el avance de la minería ilegal en la zona, situación que fue corroborada mediante la verificación directa en territorio.
En ese entendido, AJAM informa que se activarán las acciones administrativas y legales correspondientes, en coordinación con las instancias competentes, con el objetivo de frenar estas actividades y restablecer el orden en el área.
La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las tareas de fiscalización en distintas regiones del país, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa minera, proteger los derechos legalmente constituidos y prevenir la explotación ilegal de recursos minerales.