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La Paz, 3 de julio (AJAM).- En entrevista con la periodista Priscila Quiroga en el programa Enfoque País, el director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, advirtió que la lucha contra la minería ilegal en el país enfrenta un escenario cada vez más complejo debido a la presencia de redes organizadas y altos niveles de conflictividad en distintas regiones.

Como antecedente, la autoridad informó que ya se encuentran en investigación los hechos registrados en el municipio de Mapiri, donde una comisión técnica fue interceptada durante una inspección de rutina en área minera, situación que derivó en agresiones y posterior evacuación del personal, caso que ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

Asimismo, informó que entre los elementos que forman parte de la investigación se encuentra la presunta participación de un fiscal de materia durante los hechos registrados en Mapiri, aspecto que será esclarecido por las instancias competentes en el marco de las investigaciones en curso.

En este contexto, la autoridad sostuvo que el principal desafío institucional es el crecimiento sostenido de la minería ilegal y su nivel de organización, lo que exige fortalecer los mecanismos de control y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa minera.

“La minería ilegal en Bolivia se ha convertido en un problema estructural y cada vez más complejo. No se trata de hechos aislados, sino de una dinámica que involucra redes organizadas y altos niveles de riesgo en campo, lo que demanda una respuesta integral del Estado”, afirmó Sanabria.

Respecto a las declaraciones de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas RL (FERRECO), que en conferencia de prensa afirmó que en Mapiri no existe minería ilegal, Sanabria explicó que ese extremo deberá ser determinado por las investigaciones en curso. Explicó que serán las verificaciones técnicas y legales las que establecerán si en el área intervenida existía o no actividad minera ilegal, en el marco del debido proceso y conforme a los resultados de la investigación