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Potosí, 13 de mayo de 2026 (AJAM).– La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su Dirección Regional Tupiza – Tarija, ejecutó una inspección técnica en la comunidad de Esmoraca, municipio de Tupiza, donde se evidenció actividad minera ilegal dentro del área minera denominada Gran Cañón Colorado, perteneciente a la Empresa Unipersonal La Prometida.
La intervención se realizó en el marco de un proceso de Amparo Administrativo Minero, con la participación de personal técnico y legal de la AJAM, efectivos de la Policía Boliviana y representantes de la empresa titular del derecho minero.
Durante la verificación en campo, la comisión constató excavaciones a gran escala, además de la presencia de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora, una pala cargadora y dos volquetas cargadas con mineral extraído. Asimismo, se identificó un chute o lavadero utilizado para el procesamiento del material, además de varias personas realizando trabajos de extracción y traslado de carga en el lugar.
Tras la verificación técnica y georreferenciada del punto denunciado, la AJAM emitió una Resolución Administrativa otorgando el amparo y disponiendo la restitución inmediata del área minera a favor de su titular legal y la suspensión de toda actividad minera desarrollada por terceros ajenos al derecho constituido.
En el marco del operativo, se procedió a precintar la maquinaria pesada y a la aprehensión en flagrancia de una persona que operaba la retroexcavadora identificada dentro del área intervenida. Posteriormente, al momento de abandonar el sector, la comitiva fue obstaculizada por vehículos que bloquearon el paso, situación que obligó al repliegue preventivo del equipo técnico y policial para resguardar la seguridad de los participantes.
La persona aprehendida fue puesta a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras continúan las acciones correspondientes dentro del proceso administrativo y legal iniciado por la AJAM.
La AJAM continuará reforzando los operativos de control y fiscalización en distintas regiones del país, con el objetivo de combatir la explotación ilegal de recursos minerales y garantizar el respeto a los derechos mineros legalmente constituidos.