AJAM

La Paz, 24 de marzo de 2026 (AJAM-UCOM).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera Departamental Potosí (AJAM), en el marco de sus competencias establecidas en la Ley Nº 535, ejecutó una inspección técnica in situ en la comunidad Jesús de Machaca, municipio de Potosí, con el despliegue de un equipo técnico-legal especializado, dentro de un Amparo Administrativo Minero solicitado por un Actor Productivo Minero – APM, con el objetivo de restituir y proteger sus derechos mineros legalmente constituidos.

Como resultado del procedimiento administrativo, la AJAM emitió Resolución Administrativa de Amparo, disponiendo la restitución inmediata de las áreas mineras a su titular, así como la suspensión de las actividades mineras por parte de terceros ajenos al titular, reafirmando la presencia efectiva del Estado y su rol de control sobre la actividad minera.

Durante la restitución del derecho minero realizada el 24 de marzo de 2026, se contó con la participación del Ministerio Público y la Policía Boliviana, permitió constatar de manera objetiva el avasallamiento de áreas mineras, así como la explotación de recursos minerales por parte de terceros, constatándose la existencia de bocaminas en operación, maquinaria pesada, campamentos y personal desarrollando actividades extractivas sin autorización.

Como resultado de la acción interinstitucional, se procedió a la aprehensión en flagrancia de cinco personas, quienes fueron remitidas a instancias competentes para el inicio de las acciones legales correspondientes.

No obstante, durante la restitución de los derechos mineros, la comitiva fue objeto de ataques violentos por parte de grupos irregulares, presuntos avasalladores, quienes realizaron el lanzamiento de dinamitas y piedras, además de obstaculizar el tránsito de los vehículos mediante maquinaria pesada, poniendo en grave riesgo la integridad de los servidores públicos de la AJAM, del Ministerio Público y de los efectivos de la Policía Boliviana.

La AJAM rechaza estos hechos de violencia, que constituyen delitos y evidencian la resistencia de sectores ilegales frente a las acciones del Estado. En ese marco, la institución manifiesta que no se permitirá el avasallamiento de derechos mineros legalmente constituidos, ni la minería ilegal. Se continuará con operativos técnicos y legales en todo el territorio nacional. Se impulsarán acciones administrativas y penales contra los responsables de actividades ilegales. Asimismo, se fortalecerá la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la ley.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera ratifica su compromiso de defender los recursos naturales del Estado, garantizar la seguridad jurídica y ejercer control efectivo sobre la actividad minera, consolidando la presencia institucional en todo el territorio nacional.