Bolivia

AJAM Y ARMADA BOLIVIANA DESARTICULAN CAMPAMENTO DE MINERÍA ILEGAL EN EL CERRO SAN SIMÓN OPERADO POR EXTRANJEROS

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, 7 de febrero de 2026

Baures, Beni, 7 de febrero de 2026.- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a la cabeza del director ejecutivo nacional, Jaime Sanabria Goytia, y en coordinación con la Armada Boliviana, ejecutó este sábado, un operativo estratégico de interdicción contra la minería ilegal en el sector Mandarinas del Cerro San Simón, a orillas del río Iténez, en el municipio de Baures, provincia Iténez del departamento de Beni.

Durante el operativo conjunto, se identificó a 10 ciudadanos de nacionalidad brasileña, quienes se encontraban operando en un campamento minero ilegal totalmente equipado, que contaba con áreas de vivienda y cocina, además de una importante cantidad de combustible (diésel) destinado al funcionamiento de maquinaria pesada, para la explotación de oro aluvial. Los ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria competente, conforme a normativa vigente.

Asimismo, en el lugar se constató la existencia de excavaciones, pozas de sedimentación, motobombas, mangueras, campamentos e infraestructura minera, evidenciando la explotación ilegal de recursos minerales a gran escala, con afectación directa al suelo, la cobertura forestal y el ecosistema del área intervenida.

En ese marco, en cumplimiento de los protocolos establecidos y en resguardo del interés nacional, se procedió a la inutilización, destrucción y quema de maquinaria pesada, equipos y estructuras empleadas en esta actividad ilícita.

La AJAM, en su calidad de entidad rectora del control y fiscalización de la actividad minera en el país, reafirma su compromiso con la defensa de los recursos minerales, ratificando que la lucha contra la minería ilegal continuará de manera sostenida y coordinada con las instancias competentes. Estas acciones se intensificarán especialmente en zonas sensibles y de alta vulnerabilidad, con el objetivo de identificar, desarticular y sancionar toda actividad minera que se desarrolle al margen de la ley, en defensa del medio ambiente, la legalidad y los intereses del país.