La Paz, 29 de septiembre de 2025.- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informa a la opinión pública que, a conocimiento a través de medios de comunicación sobre las declaraciones vertidas por algunos actores mineros, respecto a que la AJAM tiene la “obligación de asignación de nuevas áreas mineras de trabajo”, de manera directa a las cooperativas del Cerro Rico de Potosí, es preciso aclarar que la autoridad minera desarrolla sus actividades en el marco del procedimiento establecido en la Ley N°535 de 28 de mayo de 2014, y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, aprobado mediante Resolución Ministerial N°023/2015 de 30 de enero de 2015.
Dicha normativa, establece que el actor productivo minero que pretenda desarrollar actividades de explotación minera, debe presentar ante la AJAM una solicitud de reserva de área minera de su interés en las plataformas de atención habilitadas en las direcciones departamentales y regional de la AJAM, para posteriormente formalizar su solicitud de Contrato Administrativo Minero.
En ese contexto, la AJAM recuerda nuevamente a los actores productivos mineros, a cumplir el procedimiento establecido en la normativa vigente, y realizar la reserva del área minera que sea de su interés en la plataforma de atención de la Dirección Departamental de Potosí, siendo que esta autoridad está impedida de ejecutar otro procedimiento que no esté previsto en la normativa actual, lo contrario implicaría vulnerar una de las bases prioritarias para el desarrollo de la actividad minera, previsto en el inciso e) del Artículo 6 de la Ley N°535, que es la igualdad de oportunidades y garantías para todos los actores productivos mineros.
Finalmente, la AJAM se reserva el derecho de iniciar las medidas legales necesarias, ante las amenazas y declaraciones infundadas y dolosas en contra la entidad, que solo buscan desprestigiar la imagen institucional, por lo que la institución reafirma su compromiso con una administración minera transparente, legal y responsable, en ese sentido continuará realizando sus funciones en el marco de la normativa legal vigente.
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