Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dictó este martes sentencia condenatoria de cuatro años de privación de libertad en contra del ciudadano Nolasco Q. U., por el delito de explotación ilegal de recursos minerales, a cumplir en el Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca.

En la gestión 2020, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realizó una inspección in situ en el área minera “Sección Guadalupe”, ubicado en el municipio Porco, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, donde Nolasco Q.U. fue encontrado en explotación ilegal de recursos minerales al interior de una bocamina.

Asimismo, en cercanías del área minera se verificó la presencia de dos compresoras con politubos que ingresaban a la bocamina y la instalación de rieles metálicos, además de un carro metalero e insumos de trabajo manual.

Durante el proceso penal interpuesto por la AJAM, se demostró que el acusado fue sorprendido en flagrancia realizando actividad de explotación ilegal de recursos minerales, delito sancionado por el Código Penal.

Según la investigación efectuada por el Ministerio Público y la prueba aportada por la AJAM Regional Potosí – Chuquisaca, la juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Geraldine Urdininea, emitió la sentencia condenatoria en contra de Nolasco Q.U, por explotación ilegal de recursos minerales.

El Gobierno nacional, a través de la AJAM, entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, continuará ejecutando acciones de lucha frontal contra la minería ilegal, en coordinación con los ministerios de Defensa y de Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, a través de operativos, con el objetivo de erradicar las actividades mineras ilegales en el país.

En resguardo de los recursos mineros, que son propiedad de las bolivianas y bolivianos, conforme al mandato delegado por la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, la AJAM tiene la atribución de ejecutar acciones contra quienes realicen explotación ilegal de minerales, interponiendo acciones legales ante la autoridad competente, en el marco del control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio nacional.